El Ministerio de Economía y Hacienda ha vuelto a poner en su punto de mira las operaciones realizadas en el sector residencial. Los agentes privados consideran que el anteproyecto de Ley tiene lagunas importantes.
La intención del Gobierno de acabar con las prácticas fraudulentas que se producen en el sector inmobiliario, a través del aumento de la vigilancia de la fiscalidad de las operaciones que plantea el anteproyecto de Ley de Prevención del Fraude Fiscal, puede quedarse en una mera declaración de intenciones. A juicio de los agentes, la nueva norma es descafeinada y carece de instrumentos efectivos.
Para los registradores de la propiedad, notarios, agentes (API), asesores fiscales y consumidores (OCU), el nuevo marco normativo acabará, en parte, con la existencia de dinero negro en las transacciones de Vivienda de Protección Oficial (VPO), pero no logrará acabar con los tradicionales sobres en la compraventa de vivienda libre entre particulares, especialmente cuando se trate de pisos usados.