La ley de arrendamientos urbanos de 1994 impuso una moratoria para que los locales arrendados antes de 1985 mantuviesen la renta antigua (sólo actualizable por el ipc desde hace décadas) por un plazo de veinte años. Ello implica que en 2014 las empresas instaladas en estos locales podrán ver elevados sus gastos hasta niveles inasumibles.

El ministerio de industria, comercio y turismo junto a la confederación española de comercio realizará en septiembre una macroencuesta a nivel nacional para determinar cuántos locales hay y en qué condiciones pueden verse afectados.