Ésta iniciativa pretende descartar el modelo de la amenaza y dar más seguridad a los arrendadores agilizando los casos de impago de la renta a través de la agilización judicial del proceso de desalojo.
Igualmente, persigue proteger a los colectivos más vulnerables de la sociedad que no disponen de los recursos necesarios y se ven desalojados e, incluso, son víctimas de acoso o del llamado mobbing inmobiliario.