La nueva ley hipotecaria que entró en vigor el pasado 9 de diciembre nació con el objetivo de abaratar costes pero muchos expertos denuncian que la letra pequeña de la reforma muestra que el cumplimiento de estos fines dista mucho de la realidad.

Un sutil cambio en la redacción del texto establece que en caso de que haya una contraoferta por parte de una segunda entidad el primer banco tan sólo deberá declarar ante notario que iguala o mejora dicha oferta para impedir al cliente el libre traslado de la hipoteca.

"De este modo, un banco con malos servicios o simplemente peores que la competencia verá blindados sus préstamos, pues siempre podrá retener a sus clientes en contra de su voluntad, a menos que el deudor solicite una nueva hipoteca para cancelar la antigua", sostienen fuentes jurídicas