Por un lado, facilitará a los promotores inmobiliarios la transformación de sus préstamos para la construcción de viviendas a un préstamo a más largo plazo y, en contrapartida, ellos tendrán que incorporar las viviendas al mercado de alquiler durante un período determinado de tiempo. Ésta línea de crédito será de 3.000 millones.

Por otro lado, autorizará la creación de sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, que tendrán un régimen fiscal favorable y aportarán liquidez a las empresas del sector. Los promotores han recibido las medidas con una mezcla de optimismo y cautela.