Las inmobiliarias dedicadas al residencial de uso turístico exigen cambios normativos y fiscales para adecuar las cesiones obligatorias de suelo y el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a las particularidades de este negocio. También reclaman a la Administración que concierte con el sector programas de promoción similares a los del turismo residencial. Las compañías promotoras de vivienda turística dicen estar hartas de que a estas sociedades se las considere un subsector inmobiliario, pese a llevar tres años en los que las cifras cantan a su favor: en el primer semestre de 2000 el negocio alcanzó los 373.000 millones de pesetas, un 35% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. En 1999 se sobrepasó el medio billón de pesetas, y 1998 se cerró con un movimiento económico de 364.000 millones. Además, la mitad de los turistas que visitan España optan por el apartamento frente al hotel. Y ni siquiera somos considerados. No hay un concepto de lo que es el turismo residencial se queja Ricardo Arranz, presidente de la Asociación Nacional de Urbanizadores y Turismo Residencial. El turismo residencial hay que conceptual izarlo. La Administración debe vestirlo de largo, admitirlo, tener en cuenta su importancia en la creación de riqueza y empleo, para que, a partir de ahí, pueda disfrutar de un estatus normativo y fiscal propio. Por una parte, los promotores de vivienda turística reclaman que la Ley del Suelo recoja un régimen de cesiones especial. No se pueden desarrollar urbanizaciones de dos millones de metros cuadrados igual que parcelas de 5.000 metros en ciudad. Aquí hay algunas cesiones absurdas: en una urbanización nunca irá una escuela o un hospital, y, en cambio, la zona verde es mucho mayor. A efectos fiscales, Ricardo Arranz apunta al impuesto de bienes inmuebles (IBI): Las urbanizaciones turísticas tardan unos 10 años en completar su comercialización, y, sin embargo, desde el primer día, se venda o no se venda, hay obligación de pagar el IBI. Es como si un fabricante de coches tuviera que hacer frente al impuesto de circulación antes de vender los vehículos. En relación al IBI, hay también una situación discriminatoria para el residente . El presidente de la Asociación de Urbanizadores recuerda que los ayuntamientos rara vez recepcionan las urbanizaciones; por tanto, el particular tiene que pagar el IBI, pero también tiene que hacer frente a todos los servicios, desde el alumbrado a la recogida de la basura. Arranz advierte que reclamar un tratamiento especial no es perseguir una fiscalidad blanda para el sector. Este planteamiento fue expuesto por los urbanizadores turísticos el pasado 15 de febrero, durante el primer salón internacional de turismo residencial (el Marbella Meeting Point), en el que el presidente de la Asociación Nacional de Promotores y Constructores de España, Guillermo Chicote, coincidió en criticar que la actual legislación no responde a las necesidades del Programas También puso Chicote especial énfasis en destacar la necesidad de comercializar el producto, sobre todo en el mercado exterior. Comunidades autónomas, Gobierno central y sector deben poner en marcha programas para promocionar el producto, para generar un clima de confianza en los mercados de demanda y crear una imagen de marca. Hoy, la promoción está dispersa. Cada promotor, en la medida de sus posibilidades, buscan alianzas que le acerquen al comprador y trata de vender su producto, pero es imprescindible una promoción continuada, lo mismo que se hace para el turismo hotelero, recalca Arranz. La búsqueda de agentes comerciales bien instalados en el mercado de la demanda potencial es por el momento la vía que expertos como Gonzalo Fernández, de Metrovacesa, encuentran más eficaz. Preferiblemente especialistas contratados en exclusiva que garanticen un tratamiento específico al producto y no subcontraten su comercialización.