Los ayuntamientos de a coruña, bilbao, madrid, valencia, alicante, santander y zaragoza ya no pueden exigir más por una licencia de obras en su término municipal. Otros, como girona y málaga cobran un 90% de lo que les permite la ley, algo similar ocurre con la plusvalía municipal. según el informe, las cuotas de este tributo están casi al límite de sus posibilidades legales, no sólo en las siete mayores ciudades de españa (que es donde más ha subido el precio de los inmuebles), sino prácticamente en todas las capitales de provincia. en el ibi, el impuesto que más recursos proporciona a las arcas municipales, la situación es más desigual y mientras algunos ayuntamientos cobran el máximo que les permite la ley (como lleida y san sebastián), barcelona cobra el 80% y madrid el 47,6% de lo que permite la ley. Las autonomías también se han beneficiado de este tipo de impuestos. la generalitat de catalunya, por ej emplo, lleva tres años consecutivos subiendo el impuesto sobre actos jurídicos documentados (ajd) para las operaciones inmobiliarias y ha conseguido más que duplicar sus ingresos por ese concepto. Por eso, desde diversos ámbitos se denuncia reiteradamente que las subidas de los impuestos afectan en cascada a todo el proceso de promoción y construcción y acaban repercutiendo de nuevo en el precio final de la vivienda que paga el consumidor.